La Clínica Las Condes (CLC) se enfrenta a otro grave conflicto legal. La Sociedad de Anestesiología (SAL), respaldada por el Colegio Médico de Santiago, ha presentado una demanda ante el 30º Juzgado Civil de Santiago exigiendo el pago de $9 mil millones en concepto de prestaciones médicas impagas desde 2021. El grupo de 24 anestesiólogos denuncia que la deuda asciende a 70 mil servicios no pagados. La presidenta subrogante del Colegio Médico de Santiago, Gisela Viveros, afirmó que son 70 mil prestaciones que no han sido pagadas, lo que representa una deuda de $9 mil millones. Esta cifra es significativamente superior a los $2 mil millones por los cuales el director del recinto, Alejandro Gil, ya fue formalizado.Viveros también destacó que, según una auditoría, el 93,2% de las prestaciones adeudadas corresponden a convenios directos con CLC y no con Fonasa o Isapres, como se ha argumentado desde la clínica. La doctora Silvana Cavalleri, vicepresidenta de la SAL, detalló que el grupo de anestesiólogos ha trabajado en la Clínica Las Condes desde los años 80, pero desde 2021 la nueva administración dejó de pagar las prestaciones. “Nos pusieron en una situación económica y financiera muy difícil”, afirmó Cavalleri. En respuesta a la demanda de los profesionales de suspender sus servicios hasta que se regularicen los pagos, la clínica optó por desvincular al equipo y contratar a otros especialistas. Sorprendentemente, el dinero para pagar a estos nuevos profesionales apareció de inmediato, agregó Cavalleri. La Clínica Las Condes ya enfrenta una investigación por apropiación indebida de $2 mil millones, lo que llevó a la formalización de Alejandro Gil, quien actualmente debe cumplir con las medidas de firma mensual, arraigo nacional y prohibición de acercarse al recinto.Con esta nueva demanda, el futuro legal y financiero de la clínica parece aún más complicado, dejando a cientos de profesionales y pacientes en incertidumbre. Fuente: Emol.
A solo dos semanas de que entre en vigor el fallo de la Corte Suprema que obligará a las aseguradoras a establecer una tabla única de factores y reembolsar a los afiliados los montos cobrados en exceso, surge la preocupación sobre el destino de aquellos que están en medio de tratamientos médicos crónicos o complejos que no pueden interrumpirse. Debido a sus condiciones médicas preexistentes, podrían enfrentar dificultades para cambiarse a una isapre y verse obligados a ingresar a Fonasa. El Gobierno ha prometido garantizar la continuidad de sus tratamientos en estos casos, pero no ha especificado cómo ni por cuánto tiempo, ni cuánto costaría asumir dicho compromiso. Según las estimaciones de las investigadoras Carolina Velasco, directora de estudios del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la U. San Sebastián (Ipsuss), y Daniela Sugg, economista en salud y ex coordinadora de la Dirección de Presupuestos, cerca de 256 mil afiliados podrían necesitar continuar con algún tratamiento. En caso de que las seis isapres enfrentaran problemas de solvencia, esto representaría un déficit anual de US$ 71 millones para el Estado, incluso considerando que estas personas aportaran su 7% al fondo público. Estos cálculos se basan en el escenario más conservador. Fuente: Emol.
El Ministerio de Salud (Minsal) está considerando la implementación de un nuevo sello de advertencia sobre el consumo de edulcorantes. Este sello podría incluir la leyenda Contiene edulcorantes. Evite su consumo en niños, según lo propuesto por la autoridad sanitaria. Sin embargo, esta medida ha generado preocupación en la industria alimentaria, que teme que junto con los sellos de alto en azúcares existentes, pueda confundir a los consumidores. Destacar que el año pasado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una directriz basada en una revisión de estudios observacionales, en la cual recomendó de manera condicional no utilizar edulcorantes sin azúcar como método para controlar el peso o reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles. Fuente: Emol.
Los datos del Ministerio de Salud, obtenidos por El Mercurio, revelan que los 184,874 funcionarios del sistema público de salud sumaron un total de 6,129,922 días hábiles de licencia durante el año pasado. Esto equivale a un promedio de 33.2 días de ausencia por trabajador en el año, excluyendo las licencias por afecciones profesionales, accidentes laborales y maternidad. Algunos servicios de salud, como los de Arauco y Concepción, muestran casos extremos con promedios de 50 y 47.2 días hábiles de licencia respectivamente, lo que implica que cada funcionario estuvo más de dos meses sin trabajar. Según Manuel Inostroza, exsuperintendente de Salud y académico de la U. Andrés Bello, este alto número de licencias médicas puede deberse a problemas de salud graves o a prácticas de abuso para obtener vacaciones o permisos en otros lugares.Inostroza señala que si se suman las licencias de 2022 y 2023, se contabilizan más de 12 millones de días de improductividad, lo que representa un costo de más de 306 mil millones de pesos al año. Este factor contribuye a las largas listas de espera y la falta de atención en el sector público de salud, a pesar de los esfuerzos por mejorar. Jaime Mañalich, exministro de Salud, advierte que este problema existe desde hace varios años, describiéndolo como un ' microtráfico de licencias médicas ', destacando la facilidad para obtener y otorgar licencias en el ámbito de la salud, lo que contribuye a la perpetuación de este fenómeno. Revisa cómo funcionan las licencias médicas y todo sobre su buen funcionamiento aquí. Fuente: The Clinic.
Brasil se enfrenta a la peor epidemia de dengue de su historia, con un registro de 1,116 muertes en las primeras 14 semanas del año, según informó el Ministerio de Salud. Este número representa un nuevo récord anual en poco más de tres meses, superando las 1,094 muertes registradas en todo el año 2023, que ya había sido histórico. Además, es un 6% mayor que en 2022, cuando se registraron 1,053 muertes, el segundo año con más víctimas.Las muertes por esta enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti casi se triplicaron en comparación con el mismo período del año pasado (388). Además, hay 1,807 muertes sospechosas de dengue registradas hasta el momento y en proceso de investigación. En cuanto a los casos de infección, el número ha aumentado un 403% en comparación con las primeras 14 semanas de 2023, alcanzando un récord de 2.96 millones de casos probables en lo que va de 2024. A pesar de que la mayoría de los estados brasileños ya han superado el pico de la enfermedad y están viendo una disminución en los casos, se estima que Brasil cerrará el año con un récord de 4.2 millones de casos. Once de los 27 estados brasileños han declarado estado de emergencia, incluidos São Paulo, Minas Gerais y Río de Janeiro, los más poblados del país. La epidemia se atribuye a los efectos del fenómeno climático de El Niño, que ha elevado las temperaturas y aumentado las lluvias en todo el país, condiciones que favorecen la proliferación del mosquito Aedes aegypti. En febrero, Brasil se convirtió en el primer país en ofrecer la vacuna contra el dengue a través del sistema público de salud, aunque la disponibilidad limitada de dosis ha restringido su aplicación a niños y adolescentes.
La Clínica Las Condes (CLC) se enfrenta a otro grave conflicto legal. La Sociedad de Anestesiología (SAL), respaldada por el Colegio Médico de Santiago, ha presentado una demanda ante el 30º Juzgado Civil de Santiago exigiendo el pago de $9 mil millones en concepto de prestaciones médicas impagas desde 2021. El grupo de 24 anestesiólogos denuncia que la deuda asciende a 70 mil servicios no pagados. La presidenta subrogante del Colegio Médico de Santiago, Gisela Viveros, afirmó que son 70 mil prestaciones que no han sido pagadas, lo que representa una deuda de $9 mil millones. Esta cifra es significativamente superior a los $2 mil millones por los cuales el director del recinto, Alejandro Gil, ya fue formalizado.Viveros también destacó que, según una auditoría, el 93,2% de las prestaciones adeudadas corresponden a convenios directos con CLC y no con Fonasa o Isapres, como se ha argumentado desde la clínica. La doctora Silvana Cavalleri, vicepresidenta de la SAL, detalló que el grupo de anestesiólogos ha trabajado en la Clínica Las Condes desde los años 80, pero desde 2021 la nueva administración dejó de pagar las prestaciones. “Nos pusieron en una situación económica y financiera muy difícil”, afirmó Cavalleri. En respuesta a la demanda de los profesionales de suspender sus servicios hasta que se regularicen los pagos, la clínica optó por desvincular al equipo y contratar a otros especialistas. Sorprendentemente, el dinero para pagar a estos nuevos profesionales apareció de inmediato, agregó Cavalleri. La Clínica Las Condes ya enfrenta una investigación por apropiación indebida de $2 mil millones, lo que llevó a la formalización de Alejandro Gil, quien actualmente debe cumplir con las medidas de firma mensual, arraigo nacional y prohibición de acercarse al recinto.Con esta nueva demanda, el futuro legal y financiero de la clínica parece aún más complicado, dejando a cientos de profesionales y pacientes en incertidumbre. Fuente: Emol.
A solo dos semanas de que entre en vigor el fallo de la Corte Suprema que obligará a las aseguradoras a establecer una tabla única de factores y reembolsar a los afiliados los montos cobrados en exceso, surge la preocupación sobre el destino de aquellos que están en medio de tratamientos médicos crónicos o complejos que no pueden interrumpirse. Debido a sus condiciones médicas preexistentes, podrían enfrentar dificultades para cambiarse a una isapre y verse obligados a ingresar a Fonasa. El Gobierno ha prometido garantizar la continuidad de sus tratamientos en estos casos, pero no ha especificado cómo ni por cuánto tiempo, ni cuánto costaría asumir dicho compromiso. Según las estimaciones de las investigadoras Carolina Velasco, directora de estudios del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la U. San Sebastián (Ipsuss), y Daniela Sugg, economista en salud y ex coordinadora de la Dirección de Presupuestos, cerca de 256 mil afiliados podrían necesitar continuar con algún tratamiento. En caso de que las seis isapres enfrentaran problemas de solvencia, esto representaría un déficit anual de US$ 71 millones para el Estado, incluso considerando que estas personas aportaran su 7% al fondo público. Estos cálculos se basan en el escenario más conservador. Fuente: Emol.
El Ministerio de Salud (Minsal) está considerando la implementación de un nuevo sello de advertencia sobre el consumo de edulcorantes. Este sello podría incluir la leyenda Contiene edulcorantes. Evite su consumo en niños, según lo propuesto por la autoridad sanitaria. Sin embargo, esta medida ha generado preocupación en la industria alimentaria, que teme que junto con los sellos de alto en azúcares existentes, pueda confundir a los consumidores. Destacar que el año pasado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una directriz basada en una revisión de estudios observacionales, en la cual recomendó de manera condicional no utilizar edulcorantes sin azúcar como método para controlar el peso o reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles. Fuente: Emol.
Los datos del Ministerio de Salud, obtenidos por El Mercurio, revelan que los 184,874 funcionarios del sistema público de salud sumaron un total de 6,129,922 días hábiles de licencia durante el año pasado. Esto equivale a un promedio de 33.2 días de ausencia por trabajador en el año, excluyendo las licencias por afecciones profesionales, accidentes laborales y maternidad. Algunos servicios de salud, como los de Arauco y Concepción, muestran casos extremos con promedios de 50 y 47.2 días hábiles de licencia respectivamente, lo que implica que cada funcionario estuvo más de dos meses sin trabajar. Según Manuel Inostroza, exsuperintendente de Salud y académico de la U. Andrés Bello, este alto número de licencias médicas puede deberse a problemas de salud graves o a prácticas de abuso para obtener vacaciones o permisos en otros lugares.Inostroza señala que si se suman las licencias de 2022 y 2023, se contabilizan más de 12 millones de días de improductividad, lo que representa un costo de más de 306 mil millones de pesos al año. Este factor contribuye a las largas listas de espera y la falta de atención en el sector público de salud, a pesar de los esfuerzos por mejorar. Jaime Mañalich, exministro de Salud, advierte que este problema existe desde hace varios años, describiéndolo como un ' microtráfico de licencias médicas ', destacando la facilidad para obtener y otorgar licencias en el ámbito de la salud, lo que contribuye a la perpetuación de este fenómeno. Revisa cómo funcionan las licencias médicas y todo sobre su buen funcionamiento aquí. Fuente: The Clinic.
Brasil se enfrenta a la peor epidemia de dengue de su historia, con un registro de 1,116 muertes en las primeras 14 semanas del año, según informó el Ministerio de Salud. Este número representa un nuevo récord anual en poco más de tres meses, superando las 1,094 muertes registradas en todo el año 2023, que ya había sido histórico. Además, es un 6% mayor que en 2022, cuando se registraron 1,053 muertes, el segundo año con más víctimas.Las muertes por esta enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti casi se triplicaron en comparación con el mismo período del año pasado (388). Además, hay 1,807 muertes sospechosas de dengue registradas hasta el momento y en proceso de investigación. En cuanto a los casos de infección, el número ha aumentado un 403% en comparación con las primeras 14 semanas de 2023, alcanzando un récord de 2.96 millones de casos probables en lo que va de 2024. A pesar de que la mayoría de los estados brasileños ya han superado el pico de la enfermedad y están viendo una disminución en los casos, se estima que Brasil cerrará el año con un récord de 4.2 millones de casos. Once de los 27 estados brasileños han declarado estado de emergencia, incluidos São Paulo, Minas Gerais y Río de Janeiro, los más poblados del país. La epidemia se atribuye a los efectos del fenómeno climático de El Niño, que ha elevado las temperaturas y aumentado las lluvias en todo el país, condiciones que favorecen la proliferación del mosquito Aedes aegypti. En febrero, Brasil se convirtió en el primer país en ofrecer la vacuna contra el dengue a través del sistema público de salud, aunque la disponibilidad limitada de dosis ha restringido su aplicación a niños y adolescentes.