El pasado viernes se vivió un lamentable incidente en el Hospital Luis Calvo Mackenna, ubicado en Providencia, Región Metropolitana. Según informó La Tercera, una niña de 2 años fue declarada fallecida por error en dos ocasiones. Todo comenzó con un accidente doméstico el viernes 6 de septiembre, cuando la menor fue encontrada en una piscina después de haber sido dejada sola por unos minutos. Fue trasladada de urgencia al Hospital Calvo Mackenna en estado crítico, donde los médicos informaron a los padres que había fallecido debido a un ahogamiento por inmersión. Sin embargo, la historia dio un giro inesperado cuando personal de la Brigada de Homicidios de la PDI descubrió que la niña aún tenía signos vitales. Fue llevada nuevamente al hospital para recibir atención médica, pero desafortunadamente falleció horas más tarde. El Servicio Médico Legal realizará una autopsia para determinar la causa exacta del fallecimiento y la Fiscalía investigará posibles responsabilidades por este trágico suceso. Mientras tanto, los padres no han tomado acciones legales contra el hospital y se desconoce si se abrirá un sumario interno para esclarecer lo ocurrido.
La Clínica Las Condes (CLC) se enfrenta a otro grave conflicto legal. La Sociedad de Anestesiología (SAL), respaldada por el Colegio Médico de Santiago, ha presentado una demanda ante el 30º Juzgado Civil de Santiago exigiendo el pago de $9 mil millones en concepto de prestaciones médicas impagas desde 2021. El grupo de 24 anestesiólogos denuncia que la deuda asciende a 70 mil servicios no pagados. La presidenta subrogante del Colegio Médico de Santiago, Gisela Viveros, afirmó que son 70 mil prestaciones que no han sido pagadas, lo que representa una deuda de $9 mil millones. Esta cifra es significativamente superior a los $2 mil millones por los cuales el director del recinto, Alejandro Gil, ya fue formalizado.Viveros también destacó que, según una auditoría, el 93,2% de las prestaciones adeudadas corresponden a convenios directos con CLC y no con Fonasa o Isapres, como se ha argumentado desde la clínica. La doctora Silvana Cavalleri, vicepresidenta de la SAL, detalló que el grupo de anestesiólogos ha trabajado en la Clínica Las Condes desde los años 80, pero desde 2021 la nueva administración dejó de pagar las prestaciones. “Nos pusieron en una situación económica y financiera muy difícil”, afirmó Cavalleri. En respuesta a la demanda de los profesionales de suspender sus servicios hasta que se regularicen los pagos, la clínica optó por desvincular al equipo y contratar a otros especialistas. Sorprendentemente, el dinero para pagar a estos nuevos profesionales apareció de inmediato, agregó Cavalleri. La Clínica Las Condes ya enfrenta una investigación por apropiación indebida de $2 mil millones, lo que llevó a la formalización de Alejandro Gil, quien actualmente debe cumplir con las medidas de firma mensual, arraigo nacional y prohibición de acercarse al recinto.Con esta nueva demanda, el futuro legal y financiero de la clínica parece aún más complicado, dejando a cientos de profesionales y pacientes en incertidumbre. Fuente: Emol.
El Ministerio de Salud ha anunciado este jueves 29 de agosto la retirada a nivel nacional de ciertos lotes de productos relacionados con el merkén de la marca Gourmet, debido a la presencia de Ocratoxina A, una toxina encontrada en una muestra proveniente de la región de Tarapacá. Esta medida se toma en el marco del proceso de Vigilancia Nacional de Micotoxinas y según los resultados obtenidos por los análisis realizados por los laboratorios de Salud Pública Ambiental y Laboral de la Seremi de Salud Metropolitana. Los lotes que deben ser retirados son el formato frasco de 21 gramos (lote 319370, con fecha límite 25/11/2025) y el formato bolsa 100 gramos (lote 320574 con fecha límite 15/12/2025), ambos pertenecientes al merkén marca Gourmet. La Ocratoxina A es una toxina producida por hongos que puede causar problemas graves para la salud. El consumo prolongado puede derivar en problemas crónicos en órganos como el hígado, riñón, sistema nervioso e incluso afectar a personas embarazadas. Por tanto, desde el Ministerio de Salud se hace un llamamiento a no consumir estos productos si se cuenta con alguno de los lotes mencionados en casa.
En una entrevista con Meganoticias Alerta el pasado jueves 15 de agosto, el exministro de Salud, Osvaldo Artaza, abordó las irregularidades en las listas de espera de los recintos de salud públicos en Chile. Según datos del Minsal, más de 2,8 millones de personas se encuentran actualmente en lista de espera para recibir atención médica. El doctor Artaza identificó tres factores principales que contribuyen a la saturación de las listas: la alta cantidad de enfermos por habitante en el país, las deficiencias tecnológicas del sistema que registra estas listas y la escasez de especialistas en el sector público. Artaza explicó que antes los médicos solían llevar registros manuales sobre las listas de espera, lo cual dificultaba tener una visión clara y precisa sobre la situación. Con la implementación del sistema informático actual se buscaba mejorar esta gestión, pero lamentablemente presenta numerosos errores y fallos. El exministro también criticó duramente las políticas públicas relacionadas con la salud en Chile, destacando que es necesario poner mayor énfasis en medidas preventivas para reducir la incidencia de enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión. Destacó la lista de espera del examen de fondo de ojo, la cual es debida principalmente a un mal control de los factores de riesgo de la diabetes. Además, señaló que una gran parte del problema radica en la falta de especialistas disponibles en el sistema público debido a su captura por el sector privado donde se dedican a resolver consultas muchas veces de nivel médico general. Revisa la nota aquí.
La dra. Ximena Aguilera, ministra de Salud, se pronunció este miércoles sobre la controversia surgida en torno a la aplicación de la ficha CLAP por parte de profesionales médicos a niños de 5° básico del Colegio España en Llolleo, San Antonio, región de Valparaíso. Según El Mercurio, los apoderados denunciaron el operativo ante la justicia al no haber sido consultados previamente sobre si estaban de acuerdo con que sus hijos respondieran preguntas sobre sexualidad y salud mental contenidas en el cuestionario aplicado a nivel nacional a jóvenes de 10 a 19 años para evaluar su desarrollo. Los padres y madres manifestaron que este interrogatorio fue percibido como una agresión sexual y una intromisión en la vida privada, ya que se les consultó a los alumnos si habían tenido relaciones sexuales, si habían cometido agresiones sexuales y si habían considerado quitarse la vida. El procedimiento fue llevado a cabo por funcionarios del Centro de Salud Familiar (Cesfam) Las Lomas de San Antonio. En respuesta a esta situación, desde la Seremi de Educación de Valparaíso señalaron preliminarmente que no participaron en la aplicación del cuestionario y que efectivamente las familias no fueron informadas previamente sobre lo que ocurriría ni por parte del Cesfam ni por parte del colegio. La ministra Aguilera anunció que emitirá oficios tanto para la Municipalidad como para la Seremi para realizar una inspección detallada. Afirmó que si bien el Control del Niño Sano es parte importante de los programas sanitarios, debe llevarse a cabo siguiendo un protocolo adecuado. Por otro lado, parlamentarios también reaccionaron ante el caso. La diputada Carolina Marzán (PPD) indicó haber oficiado al Minsal y al Mineduc para investigar la situación y aplicar las sanciones correspondientes en caso de comprobarse vulneraciones emocionales y violaciones a la privacidad infantil. En tanto, Camila Flores (RN) calificó el incidente como de suma gravedad e informó su intención de presentar una denuncia ante la Superintendencia de Educación debido a que considera inaceptable realizar este tipo de encuestas sin consentimiento parental.
El pasado viernes se vivió un lamentable incidente en el Hospital Luis Calvo Mackenna, ubicado en Providencia, Región Metropolitana. Según informó La Tercera, una niña de 2 años fue declarada fallecida por error en dos ocasiones. Todo comenzó con un accidente doméstico el viernes 6 de septiembre, cuando la menor fue encontrada en una piscina después de haber sido dejada sola por unos minutos. Fue trasladada de urgencia al Hospital Calvo Mackenna en estado crítico, donde los médicos informaron a los padres que había fallecido debido a un ahogamiento por inmersión. Sin embargo, la historia dio un giro inesperado cuando personal de la Brigada de Homicidios de la PDI descubrió que la niña aún tenía signos vitales. Fue llevada nuevamente al hospital para recibir atención médica, pero desafortunadamente falleció horas más tarde. El Servicio Médico Legal realizará una autopsia para determinar la causa exacta del fallecimiento y la Fiscalía investigará posibles responsabilidades por este trágico suceso. Mientras tanto, los padres no han tomado acciones legales contra el hospital y se desconoce si se abrirá un sumario interno para esclarecer lo ocurrido.
La Clínica Las Condes (CLC) se enfrenta a otro grave conflicto legal. La Sociedad de Anestesiología (SAL), respaldada por el Colegio Médico de Santiago, ha presentado una demanda ante el 30º Juzgado Civil de Santiago exigiendo el pago de $9 mil millones en concepto de prestaciones médicas impagas desde 2021. El grupo de 24 anestesiólogos denuncia que la deuda asciende a 70 mil servicios no pagados. La presidenta subrogante del Colegio Médico de Santiago, Gisela Viveros, afirmó que son 70 mil prestaciones que no han sido pagadas, lo que representa una deuda de $9 mil millones. Esta cifra es significativamente superior a los $2 mil millones por los cuales el director del recinto, Alejandro Gil, ya fue formalizado.Viveros también destacó que, según una auditoría, el 93,2% de las prestaciones adeudadas corresponden a convenios directos con CLC y no con Fonasa o Isapres, como se ha argumentado desde la clínica. La doctora Silvana Cavalleri, vicepresidenta de la SAL, detalló que el grupo de anestesiólogos ha trabajado en la Clínica Las Condes desde los años 80, pero desde 2021 la nueva administración dejó de pagar las prestaciones. “Nos pusieron en una situación económica y financiera muy difícil”, afirmó Cavalleri. En respuesta a la demanda de los profesionales de suspender sus servicios hasta que se regularicen los pagos, la clínica optó por desvincular al equipo y contratar a otros especialistas. Sorprendentemente, el dinero para pagar a estos nuevos profesionales apareció de inmediato, agregó Cavalleri. La Clínica Las Condes ya enfrenta una investigación por apropiación indebida de $2 mil millones, lo que llevó a la formalización de Alejandro Gil, quien actualmente debe cumplir con las medidas de firma mensual, arraigo nacional y prohibición de acercarse al recinto.Con esta nueva demanda, el futuro legal y financiero de la clínica parece aún más complicado, dejando a cientos de profesionales y pacientes en incertidumbre. Fuente: Emol.
El Ministerio de Salud ha anunciado este jueves 29 de agosto la retirada a nivel nacional de ciertos lotes de productos relacionados con el merkén de la marca Gourmet, debido a la presencia de Ocratoxina A, una toxina encontrada en una muestra proveniente de la región de Tarapacá. Esta medida se toma en el marco del proceso de Vigilancia Nacional de Micotoxinas y según los resultados obtenidos por los análisis realizados por los laboratorios de Salud Pública Ambiental y Laboral de la Seremi de Salud Metropolitana. Los lotes que deben ser retirados son el formato frasco de 21 gramos (lote 319370, con fecha límite 25/11/2025) y el formato bolsa 100 gramos (lote 320574 con fecha límite 15/12/2025), ambos pertenecientes al merkén marca Gourmet. La Ocratoxina A es una toxina producida por hongos que puede causar problemas graves para la salud. El consumo prolongado puede derivar en problemas crónicos en órganos como el hígado, riñón, sistema nervioso e incluso afectar a personas embarazadas. Por tanto, desde el Ministerio de Salud se hace un llamamiento a no consumir estos productos si se cuenta con alguno de los lotes mencionados en casa.
En una entrevista con Meganoticias Alerta el pasado jueves 15 de agosto, el exministro de Salud, Osvaldo Artaza, abordó las irregularidades en las listas de espera de los recintos de salud públicos en Chile. Según datos del Minsal, más de 2,8 millones de personas se encuentran actualmente en lista de espera para recibir atención médica. El doctor Artaza identificó tres factores principales que contribuyen a la saturación de las listas: la alta cantidad de enfermos por habitante en el país, las deficiencias tecnológicas del sistema que registra estas listas y la escasez de especialistas en el sector público. Artaza explicó que antes los médicos solían llevar registros manuales sobre las listas de espera, lo cual dificultaba tener una visión clara y precisa sobre la situación. Con la implementación del sistema informático actual se buscaba mejorar esta gestión, pero lamentablemente presenta numerosos errores y fallos. El exministro también criticó duramente las políticas públicas relacionadas con la salud en Chile, destacando que es necesario poner mayor énfasis en medidas preventivas para reducir la incidencia de enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión. Destacó la lista de espera del examen de fondo de ojo, la cual es debida principalmente a un mal control de los factores de riesgo de la diabetes. Además, señaló que una gran parte del problema radica en la falta de especialistas disponibles en el sistema público debido a su captura por el sector privado donde se dedican a resolver consultas muchas veces de nivel médico general. Revisa la nota aquí.
La dra. Ximena Aguilera, ministra de Salud, se pronunció este miércoles sobre la controversia surgida en torno a la aplicación de la ficha CLAP por parte de profesionales médicos a niños de 5° básico del Colegio España en Llolleo, San Antonio, región de Valparaíso. Según El Mercurio, los apoderados denunciaron el operativo ante la justicia al no haber sido consultados previamente sobre si estaban de acuerdo con que sus hijos respondieran preguntas sobre sexualidad y salud mental contenidas en el cuestionario aplicado a nivel nacional a jóvenes de 10 a 19 años para evaluar su desarrollo. Los padres y madres manifestaron que este interrogatorio fue percibido como una agresión sexual y una intromisión en la vida privada, ya que se les consultó a los alumnos si habían tenido relaciones sexuales, si habían cometido agresiones sexuales y si habían considerado quitarse la vida. El procedimiento fue llevado a cabo por funcionarios del Centro de Salud Familiar (Cesfam) Las Lomas de San Antonio. En respuesta a esta situación, desde la Seremi de Educación de Valparaíso señalaron preliminarmente que no participaron en la aplicación del cuestionario y que efectivamente las familias no fueron informadas previamente sobre lo que ocurriría ni por parte del Cesfam ni por parte del colegio. La ministra Aguilera anunció que emitirá oficios tanto para la Municipalidad como para la Seremi para realizar una inspección detallada. Afirmó que si bien el Control del Niño Sano es parte importante de los programas sanitarios, debe llevarse a cabo siguiendo un protocolo adecuado. Por otro lado, parlamentarios también reaccionaron ante el caso. La diputada Carolina Marzán (PPD) indicó haber oficiado al Minsal y al Mineduc para investigar la situación y aplicar las sanciones correspondientes en caso de comprobarse vulneraciones emocionales y violaciones a la privacidad infantil. En tanto, Camila Flores (RN) calificó el incidente como de suma gravedad e informó su intención de presentar una denuncia ante la Superintendencia de Educación debido a que considera inaceptable realizar este tipo de encuestas sin consentimiento parental.