Después de una exhaustiva investigación que se extendió por ocho meses, la Superintendencia de Educación Superior ha decidido iniciar un proceso administrativo contra la Universidad de los Andes debido a irregularidades y denuncias de maltrato durante el internado de Catalina Cayazaya, estudiante de Terapia Ocupacional. En 2022, durante su primer internado en el Hogar Español, Catalina sufrió hostigamiento y trato inadecuado por parte del personal docente asignado a su supervisión. Al concluir su rotación, estas inquietudes fueron comunicadas a la responsable del programa de internados. Adicionalmente, un grupo de 26 compañeros envió un correo desde la cuenta de Catalina para manifestar su preocupación respecto al comportamiento recibido durante el internado. Sin embargo, las autoridades académicas no respondieron a tales solicitudes ni investigaron las denuncias presentadas; incluso desestimaron las afirmaciones sin realizar indagaciones adecuadas o informar sobre los incidentes reportados. Según documentos obtenidos por La Tercera, la resolución emitida por la Superintendencia señala que la universidad reconoció en su propia investigación interna que no atender las peticiones formuladas por Cayazaya y sus colegas constituyó una forma de maltrato. Como resultado, se propuso sancionar a las académicas Paola Manghi y Valeria Zamora por sus conductas inapropiadas y violaciones a normativas internas. Sin embargo, el informe no abordó las responsabilidades atribuibles a los líderes del Consejo Escolar ni del Decanato de Medicina quienes apoyaron dichas acciones; tampoco examinó posibles incumplimientos relacionados con estos cargos. La investigación reveló irregularidades adicionales en el proceso formativo al que fue sometida Cayazaya: falta de registro adecuado en sus calificaciones en el Hogar Español y Pepikan, ausencia total de evaluaciones tanto docentes como prácticas en dicho hogar e inconsistencias en sus notas junto con atención a pacientes sin supervisión adecuada. Ante estos hallazgos preocupantes, se ha ordenado un procedimiento administrativo sancionador contra la universidad bajo la dirección directa de un funcionario designado por la Superintendencia. Carolina Cors, madre de Catalina Cayazaya, manifestó en redes sociales su satisfacción con lo que calificó como una investigación profunda y meticulosa, resaltando que todos los hechos narrados han sido corroborados con detalles precisos. Cors expresó su esperanza en que esta acción sirva como precedente para erradicar prácticas similares y evitar futuros casos lamentables.
La Superintendencia de Educación Superior (SES) ha puesto en la mira a la Universidad Mayor debido a operaciones financieras controvertidas con sus subsidiarias, Innova Learning Chile SpA y Sur Inversiones Inc. La investigación se centra en la transferencia de más de $5.984 millones a su campus online en Estados Unidos, Nexus University, una filial que, hasta la fecha, no ha generado ganancias ni ha proporcionado beneficios sustanciales a los estudiantes en Chile. Según una detallada investigación realizada por Ciper, en un lapso de diez años, las empresas subsidiarias de la Universidad Mayor acumularon deudas de aproximadamente $10.300 millones con la institución. Estas deudas estaban destinadas a financiar el proyecto Nexus University, inaugurado en Miami en 2018 como una iniciativa educativa con fines de lucro, que ofrece seis programas académicos. A pesar de su acreditación como filial de la Universidad Mayor, Nexus University no ha logrado beneficios financieros ni ha ofrecido ventajas significativas para los estudiantes chilenos. La SES decidió abrir la investigación en octubre de 2022, destacando que esta es la primera vez que se investiga una universidad adscrita al sistema de gratuidad. La decisión fue impulsada por el creciente monto de las cuentas por cobrar a las empresas relacionadas, detectado durante la revisión de los estados financieros de la Universidad Mayor correspondientes a los años 2019 a 2022. La SES expresó que estas operaciones podrían estar violando la Ley 21.091 sobre Educación Superior, la cual prohíbe a las instituciones sin fines de lucro realizar transacciones financieras con sus controladores o con miembros del órgano de administración superior, salvo ciertas excepciones específicas. La Ley 21.091, en su artículo 73, prohíbe que las instituciones de educación superior privadas sin fines de lucro realicen operaciones financieras con sus controladores o con integrantes de su órgano de administración superior, a menos que las sociedades relacionadas también sean sin fines de lucro, que el traspaso de recursos se haga como una donación o que sean pagos por un contrato de labores académicas, o bien que las operaciones sean necesarias para los intereses y fines de la institución.Además, el artículo 75 de la misma ley especifica que cualquier transacción con una sociedad relacionada debe ser aprobada por el órgano de administración superior de la institución y no debe superar las dos mil UF en un período de 12 meses. Si la transacción excede este monto, se requiere la aprobación unánime del directorio, y los miembros con interés directo o indirecto en la operación deben abstenerse de votar. Respuesta de la Universidad: Frente a estas acusaciones, la Universidad Mayor ha manifestado que desde diciembre del año pasado no han recibido información adicional sobre el proceso investigativo. Asimismo, han expresado su esperanza de que el caso se resuelva prontamente y han asegurado haber entregado toda la documentación requerida por la Superintendencia de Educación Superior, e incluso han proporcionado más información de forma voluntaria.La Universidad Mayor, reconocida por su compromiso con la educación y la investigación, se encuentra ahora en una situación delicada que podría tener implicaciones significativas para su reputación y operación futura. El resultado de esta investigación será crucial para determinar si las prácticas financieras de la institución han cumplido con la normativa vigente y si se han asegurado de actuar en el mejor interés de sus estudiantes y la comunidad educativa. Fuente: CNN
Después de una exhaustiva investigación que se extendió por ocho meses, la Superintendencia de Educación Superior ha decidido iniciar un proceso administrativo contra la Universidad de los Andes debido a irregularidades y denuncias de maltrato durante el internado de Catalina Cayazaya, estudiante de Terapia Ocupacional. En 2022, durante su primer internado en el Hogar Español, Catalina sufrió hostigamiento y trato inadecuado por parte del personal docente asignado a su supervisión. Al concluir su rotación, estas inquietudes fueron comunicadas a la responsable del programa de internados. Adicionalmente, un grupo de 26 compañeros envió un correo desde la cuenta de Catalina para manifestar su preocupación respecto al comportamiento recibido durante el internado. Sin embargo, las autoridades académicas no respondieron a tales solicitudes ni investigaron las denuncias presentadas; incluso desestimaron las afirmaciones sin realizar indagaciones adecuadas o informar sobre los incidentes reportados. Según documentos obtenidos por La Tercera, la resolución emitida por la Superintendencia señala que la universidad reconoció en su propia investigación interna que no atender las peticiones formuladas por Cayazaya y sus colegas constituyó una forma de maltrato. Como resultado, se propuso sancionar a las académicas Paola Manghi y Valeria Zamora por sus conductas inapropiadas y violaciones a normativas internas. Sin embargo, el informe no abordó las responsabilidades atribuibles a los líderes del Consejo Escolar ni del Decanato de Medicina quienes apoyaron dichas acciones; tampoco examinó posibles incumplimientos relacionados con estos cargos. La investigación reveló irregularidades adicionales en el proceso formativo al que fue sometida Cayazaya: falta de registro adecuado en sus calificaciones en el Hogar Español y Pepikan, ausencia total de evaluaciones tanto docentes como prácticas en dicho hogar e inconsistencias en sus notas junto con atención a pacientes sin supervisión adecuada. Ante estos hallazgos preocupantes, se ha ordenado un procedimiento administrativo sancionador contra la universidad bajo la dirección directa de un funcionario designado por la Superintendencia. Carolina Cors, madre de Catalina Cayazaya, manifestó en redes sociales su satisfacción con lo que calificó como una investigación profunda y meticulosa, resaltando que todos los hechos narrados han sido corroborados con detalles precisos. Cors expresó su esperanza en que esta acción sirva como precedente para erradicar prácticas similares y evitar futuros casos lamentables.
La Superintendencia de Educación Superior (SES) ha puesto en la mira a la Universidad Mayor debido a operaciones financieras controvertidas con sus subsidiarias, Innova Learning Chile SpA y Sur Inversiones Inc. La investigación se centra en la transferencia de más de $5.984 millones a su campus online en Estados Unidos, Nexus University, una filial que, hasta la fecha, no ha generado ganancias ni ha proporcionado beneficios sustanciales a los estudiantes en Chile. Según una detallada investigación realizada por Ciper, en un lapso de diez años, las empresas subsidiarias de la Universidad Mayor acumularon deudas de aproximadamente $10.300 millones con la institución. Estas deudas estaban destinadas a financiar el proyecto Nexus University, inaugurado en Miami en 2018 como una iniciativa educativa con fines de lucro, que ofrece seis programas académicos. A pesar de su acreditación como filial de la Universidad Mayor, Nexus University no ha logrado beneficios financieros ni ha ofrecido ventajas significativas para los estudiantes chilenos. La SES decidió abrir la investigación en octubre de 2022, destacando que esta es la primera vez que se investiga una universidad adscrita al sistema de gratuidad. La decisión fue impulsada por el creciente monto de las cuentas por cobrar a las empresas relacionadas, detectado durante la revisión de los estados financieros de la Universidad Mayor correspondientes a los años 2019 a 2022. La SES expresó que estas operaciones podrían estar violando la Ley 21.091 sobre Educación Superior, la cual prohíbe a las instituciones sin fines de lucro realizar transacciones financieras con sus controladores o con miembros del órgano de administración superior, salvo ciertas excepciones específicas. La Ley 21.091, en su artículo 73, prohíbe que las instituciones de educación superior privadas sin fines de lucro realicen operaciones financieras con sus controladores o con integrantes de su órgano de administración superior, a menos que las sociedades relacionadas también sean sin fines de lucro, que el traspaso de recursos se haga como una donación o que sean pagos por un contrato de labores académicas, o bien que las operaciones sean necesarias para los intereses y fines de la institución.Además, el artículo 75 de la misma ley especifica que cualquier transacción con una sociedad relacionada debe ser aprobada por el órgano de administración superior de la institución y no debe superar las dos mil UF en un período de 12 meses. Si la transacción excede este monto, se requiere la aprobación unánime del directorio, y los miembros con interés directo o indirecto en la operación deben abstenerse de votar. Respuesta de la Universidad: Frente a estas acusaciones, la Universidad Mayor ha manifestado que desde diciembre del año pasado no han recibido información adicional sobre el proceso investigativo. Asimismo, han expresado su esperanza de que el caso se resuelva prontamente y han asegurado haber entregado toda la documentación requerida por la Superintendencia de Educación Superior, e incluso han proporcionado más información de forma voluntaria.La Universidad Mayor, reconocida por su compromiso con la educación y la investigación, se encuentra ahora en una situación delicada que podría tener implicaciones significativas para su reputación y operación futura. El resultado de esta investigación será crucial para determinar si las prácticas financieras de la institución han cumplido con la normativa vigente y si se han asegurado de actuar en el mejor interés de sus estudiantes y la comunidad educativa. Fuente: CNN