Fraudes en licencias médicas: La nueva ley 20.585.
La normativa endurece sanciones, amplía la supervisión y exige más requisitos para la emisión de licencias. Sin embargo, aparecen trabas burocráticas y falta de incentivos para reducir el gasto en licencias prolongadas.
La reciente modificación a la Ley 20.585 busca reforzar el control sobre la emisión de licencias médicas para evitar fraudes y proteger el sistema de seguridad social. Con esta nueva legislación, se establecen sanciones más severas y mayores exigencias para los profesionales de la salud.
Con la aprobación del senado, queda pendiente una última revisión por la cámara de diputados para luego promulgar la ley.
¿Qué cambia con la nueva ley?
- Multas y suspensiones drásticas: En los casos más graves, las multas pueden alcanzar hasta 600 UTM (más de 43 millones de pesos), mientras que los médicos infractores podrían quedar inhabilitados para emitir licencias por hasta 180 días o incluso de manera permanente.
- Control digital obligatorio: Ahora, cada licencia médica deberá registrarse en un sistema electrónico, con notificaciones automáticas y la exigencia de adjuntar la ficha clínica u otros documentos que respalden la atención del paciente.
- Mayor fiscalización: La Superintendencia de Salud, la Compin y la Suseso recibirán más recursos y facultades para investigar tanto a los médicos que otorgan licencias como a los contralores que las revisan.
- Emisión restringida: Solo podrán emitir licencias médicos cirujanos, cirujanos dentistas y matronas inscritos en el Registro Nacional de Prestadores Individuales (RNPI). Además, en ciertos casos, será requisito haber aprobado el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (EUNACOM).
El lado oscuro de la ley:
Aunque la intención de la reforma es frenar el fraude, varios médicos y gremios han señalado que la implementación de esta norma podría dificultar el trabajo de profesionales que actúan de buena fe.
- Más burocracia y plazos difíciles de cumplir: Según el Colegio Médico, los prestadores acreditados ahora deben justificar cada licencia con numerosos informes, en tiempos ajustados que dificultan la atención oportuna de los pacientes.
- Se ha sugerido la exclusión de médicos que trabajan de forma independiente por parte de asesores: Solo los profesionales inscritos en Fonasa o Isapres podrían emitir licencias. Aquellos que atienden de forma particular quedarán fuera del sistema, ya que las investigaciones han señalado que el mayor número de licencias fraudulentas proviene de este grupo.
- Pocos incentivos para reducir licencias prolongadas: Chile es de los pocos países donde las licencias pueden durar más de seis meses con el 100% del sueldo, sin una transición obligatoria a pensión por invalidez después de dos años. Aunque el gasto en licencias representa el 1,2% del PIB, la reforma no incluyó medidas para incentivar el regreso al trabajo o acelerar la evaluación de casos prolongados.
La gran pregunta: ¿Logrará esta ley reducir el fraude sin afectar a los médicos responsables y a los pacientes que realmente necesitan una licencia?
