España: Oncólogos denuncian presiones para limitar tratamientos costosos por aseguradoras.
La Sociedad Española de Oncología Médica ha manifestado su preocupación por acusaciones de que aseguradoras privadas intentan restringir la prescripción de terapias de alto costo.
La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) ha manifestado su preocupación ante denuncias sobre presiones ejercidas por una empresa intermediaria contratada por aseguradoras privadas, que estaría condicionando la prescripción de ciertos tratamientos contra el cáncer debido a su alto costo.
Según una investigación publicada por ABC, la compañía Atryl Health-Bienzobas actúa como intermediaria entre las aseguradoras y los oncólogos que trabajan en el sistema de salud privado.
Aquí, los médicos deben solicitar autorización a los asesores oncológicos de esta empresa antes de indicar ciertos tratamientos. Entre los fármacos cuya prescripción habría sido cuestionada se encuentran anticuerpos monoclonales como Avastin y Panitumumab, de uso común en el Sistema Nacional de Salud Público de España.
De acuerdo con la información revelada, los argumentos para rechazar estos tratamientos incluyen consideraciones de costo-efectividad, la existencia de alternativas más económicas según guías europeas, o la falta de aprobación en ficha clínica por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).
Desde la SEOM, su presidente, César A. Rodríguez, ha señalado que el organismo cuenta con un grupo de trabajo que analiza esta problemática desde 2021, aunque hasta el momento no se han presentado conclusiones oficiales.
El Ministerio de Sanidad de España también se pronunció sobre el tema, advirtiendo que se trata de “otro ejemplo de cómo la intromisión de un ente privado con ánimo de lucro en la asistencia sanitaria termina perjudicando a pacientes concretos”.
La ministra de Sanidad de España, Mónica García, expresó a través de la red social X que “que empresas presionen a oncólogos en la privada para no prescribir determinados tratamientos no es sanidad, es negocio”.
Por su parte, Atryl Health-Bienzobas aseguró que la última palabra sobre los tratamientos siempre la tienen los médicos, mientras que aseguradoras como DKV, Sanitas, Adeslas y Cigna negaron conocer presiones sobre sus profesionales.
Los informes obtenidos por ABC revelan que esta situación afecta no solo a pacientes con seguros privados, sino también a funcionarios públicos adscritos a Muface, quienes optan por la atención en centros privados. En algunos casos, estos pacientes han debido recurrir al sistema público para acceder a tratamientos de última generación con un alto costo.
Un informe previo del Ministerio de Sanidad ya había advertido sobre la práctica de algunas aseguradoras de derivar pacientes con tratamientos costosos al sistema público, en particular aquellos bajo el sistema Muface, que recientemente renovó su contrato con el Estado con un incremento en las primas.
